La llegada del nuevo Reglamento de Protección de Datos, con el que también llega la figura de DPO (data protection officer o delegado de protección de datos, dpd) va a obligar a las empresas a dar formación a sus empleados sobre como cambia la normativa la forma de tratar y proteger los datos personales, el DPO es el más indicado para dar esta formación.
¿Qué aspectos se ven afectados?
El RGPD viene a proteger como derecho fundamental la privacidad de los ciudadanos, por lo que está orientado a que todos los datos personales que manejen las empresas esté completamente salvaguardados, para conseguir este objetivo es necesario que los empleados de las empresas conozcan la normativa y las medidas de seguridad que se deben implantar para evitar, por ejemplo, violaciones o brechas de seguridad que afecten a los datos.
El RGPD no solo contempla los derechos ARCO, si no que incluye otros nuevos, como la portabilidad, las empresas deberán poner a disposiciones de los usuarios formas para que pueden ejercer todos estos derechos.
El nuevo reglamento también trae nuevos conceptos al entorno de la protección de datos, como la seudonimización, esto es, guardar los datos de tal manera que no sea posible asociarlos con una persona en concreto.
También modifica o amplia otros presentes ya como, por ejemplo, datos personales que pasa a ser:
Toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»)
Toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»)
Se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.
Las empresas deben empezar a formar a sus empleados sobre el nuevo reglamento de protección de datos si quieren evitar las cuantiosas multas que éste contempla, hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual.